La extinción de dominio es un procedimiento legal que se utiliza en México para confiscar los bienes de una persona que se presume que los ha obtenido de manera ilegal o que se han utilizado para cometer un delito grave.

En otras palabras, cuando una persona es acusada de cometer un delito grave, como el narcotráfico, el lavado de dinero, la corrupción, entre otros, y se determina que sus bienes son el producto directo de estas actividades criminales, las autoridades pueden iniciar un proceso de extinción de dominio para confiscar esos bienes.

El objetivo de la extinción de dominio es privar al delincuente de los beneficios obtenidos a través de actividades ilegales, así como prevenir que siga utilizando esos bienes para actividades delictivas en el futuro.

Es importante destacar que, para que se inicie el procedimiento de extinción de dominio, se debe contar con una orden judicial que autorice la confiscación de los bienes. Además, el procedimiento debe seguir un proceso legal riguroso y justo para garantizar que los derechos de la persona acusada sean respetados.

La extinción de dominio en México se encuentra regulada en la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2019.

La ley establece que las autoridades pueden iniciar el procedimiento de extinción de dominio de manera autónoma con la solicitud del Ministerio Público, y que pueden confiscar bienes muebles e inmuebles, así como recursos financieros, cuentas bancarias, acciones, participaciones sociales, entre otros.

Asimismo, la ley establece que el procedimiento de extinción de dominio se llevará a cabo por un juez especializado en la materia y que la persona afectada por la extinción de dominio tiene derecho a presentar pruebas ya defender sus derechos en todo momento.

Es importante destacar que la extinción de dominio es una herramienta importante en la lucha contra la delincuencia organizada en México, pero su aplicación debe llevarse a cabo con el respeto a los derechos humanos y las garantías procesales de las personas involucradas en el proceso.

Además, la Ley Nacional de Extinción de Dominio establece que los bienes confiscados a través de la extinción de dominio podrán ser destinados a diferentes multas, cuentos como reparar el daño a las víctimas, apoyar programas de prevención del delito, fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad y justicia, entre otros.

Cabe mencionar que, antes de la publicación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la extinción de dominio ya estaba contemplada en diversas leyes estatales y federales en México. Sin embargo, esta nueva ley busca unificar los criterios y procedimientos para la aplicación de la extinción de dominio en todo el país.

En resumen, la extinción de dominio es un procedimiento legal que permite a las autoridades confiscar los bienes de una persona que se presume que los ha obtenido de manera ilegal o que se han utilizado para cometer delitos graves en México. La ley que regula la extinción de dominio establece garantías procesales para proteger los derechos de las personas afectadas por el procedimiento y define las multas a los que pueden destinarse los bienes confiscados.

En México, se han llevado a cabo varios casos de extinción de dominio en los últimos años, principalmente relacionados con el crimen organizado y la corrupción.

Por ejemplo, en 2017, se confiscaron varios bienes a Javier Duarte, exgobernador del estado de Veracruz, quien fue acusado de corrupción y lavado de dinero. Los bienes confiscados incluyen varias propiedades, automóviles de lujo y obras de arte.

En otro caso, en 2019, se confiscaron varios bienes al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), incluidas propiedades, vehículos, aviones y cuentas bancarias. Esta confiscación se llevó a cabo como parte de un operativo en el que se detuvo a varios miembros de la organización criminal.

Además, en 2020, se confiscaron varios bienes al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, quien fue acusado de corrupción y lavado de dinero. Los bienes confiscados incluyen varias propiedades, cuentas bancarias y obras de arte.

Estos son solo algunos ejemplos de los casos de extinción de dominio que se han llevado a cabo en México en los últimos años. Cabe mencionar que la aplicación de la extinción de dominio es una herramienta importante en la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción en México, pero su aplicación debe llevarse a cabo dentro del marco de la ley y respetando los derechos humanos de las personas involucradas en el proceso.